domingo 8 de noviembre de 2026 - Edición Nº46

Provincia | 30 Sep

Corrupcion Policial

Investigan a policías de Neuquén por una red clandestina de venta de autopartes secuestradas

Se sospecha de la participación de efectivos de la División de Tránsito y un comerciante privado en la comercialización ilegal de repuestos de unos 100 vehículos y 15 motos bajo custodia estatal[cite: 3]. Pese a la gravedad del caso, no hay respuestas concretas por parte de las máximas autoridades.


Una grave investigación judicial y administrativa sacude a la Policía del Neuquén tras descubrirse una presunta red clandestina dedicada al desvío y venta ilegal de autopartes provenientes de vehículos secuestrados[cite: 3]. La causa, a cargo del fiscal Diego Azcárate junto al Departamento de Sustracción de Automotores y Delitos Económicos, busca determinar el destino de cerca de 100 automóviles y 15 motocicletas bajo custodia en el predio del Parque Industrial[

La maniobra comenzó a salir a la luz cuando un propio efectivo policial descubrió en redes sociales que se ofertaban los repuestos de su vehículo —un Peugeot 207 secuestrado en 2024 tras un siniestro vial Al constatar el estado del rodado en el depósito oficial, advirtió que le faltaban el tren trasero y las ruedas, estando a punto de ser desguazado por completo

La principal hipótesis apunta a que un comerciante con una máquina compactadora ingresaba al predio policial sin habilitación ni contrato formal para retirar las unidades con la excusa de destruirlas como chatarra Con la complicidad de efectivos de la División de Tránsito, los vehículos terminaban desviados a domicilios o desarmaderos de la zona (principalmente en Centenario) para ser comercializados por partes

Hasta el momento, tres personas permanecen supeditadas a la causa (dos efectivos policiales y el comerciante), mientras que Asuntos Internos dispuso el pase a disponibilidad preventiva de tres uniformados

Sin respuestas de las autoridades

A pesar del escándalo institucional y del malestar generado, las máximas autoridades políticas y policiales no han brindado respuestas ni explicaciones claras sobre la falta de controles.

Vecinos y damnificados exigen precisiones sobre los mecanismos de fiscalización interna y las responsabilidades políticas de la cúpula, ya que el desguace de más de un centenar de vehículos bajo tutela del Estado ocurrió durante meses sin que ningún protocolo de auditoría lo detectara. Hasta el momento, el silencio oficial deja abiertas serias dudas sobre el alcance real de la red y la complicidad dentro de la estructura policial.

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