La causa que investiga el funcionamiento de una presunta red de venta ilegal de autopartes en la región sumaría un nuevo y sensible capítulo. Tras las declaraciones del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien confirmó que podría haber más efectivos policiales involucrados en la maniobra, las sospechas se extenderían ahora hacia posibles nexos de connivencia dentro de las estructuras de las autoridades provinciales y municipales.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la hipótesis principal apuntaría a que una organización de esta magnitud no habría podido operar de manera prolongada sin algún tipo de cobertura institucional. En ese marco, se analizaría si existieron omisiones deliberadas en los controles comerciales y las inspecciones de rutina que dependen del ámbito municipal, lo que habría permitido la habilitación o el funcionamiento impune de los predios donde se acopiaban y comercializaban las piezas de origen ilícito.

A nivel provincial, la fiscalía buscaría determinar si funcionarios con poder de decisión o capacidad de fiscalización habrían cajoneado denuncias previas o frenado alertas sobre la existencia de estos desarmaderos no inscriptos. De confirmarse estas líneas de investigación, la causa daría un salto cualitativo: dejaría de ser un caso enfocado únicamente en la corrupción policial para convertirse en una trama de connivencia estatal más amplia, con tipificaciones que podrían incluir cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Por el momento, la justicia continuaría con el peritaje de los elementos secuestrados y el análisis de las comunicaciones de los implicados para precisar el alcance real de las responsabilidades políticas y administrativas.