Detrás del traje de gestor independiente y bajo el cómodo paraguas del vecinalismo provincial, el intendente Mariano Gaido ha consolidado en la ciudad de Neuquén un modelo que replica, punto por punto, las viejas políticas del estatismo venezolano y la doctrina kirchnerista más dura. Lo que en las piezas publicitarias oficiales se presenta como "gestión autónoma" y "desarrollo inclusivo", en la práctica cotidiana se traduce en un Estado hipertrofiado, una presión fiscal asfixiante sobre el sector privado, sospechosos embates contra la propiedad privada y una alarmante desatención de los servicios esenciales, como la seguridad ciudadana.
El primer pilar de este modelo es la expansión descontrolada del aparato estatal. La capital neuquina se ubica hoy entre las ciudades con mayor concentración de empleo público por habitante, convirtiendo al municipio en una agencia de colocación política antes que en un prestador eficiente de servicios. A través de presupuestos municipales multimillonarios signados por aumentos sistemáticos de tasas, la administración comunal ha transformado la fiscalidad en una carga difícil de sostener para comerciantes, PyMEs y contribuyentes particulares. Mientras la actividad privada enfrenta trabas burocráticas y gravámenes crecientes, el municipio sigue engrosando la planta de personal y multiplicando partidas destinadas a la propaganda institucional. En la visión de la gestión municipal, el Estado no funciona como un facilitador del desarrollo, sino como el único y absoluto motor de la economía local.
A esta voracidad tributaria y gigantismo estatal se suma un sesgo autoritario que preocupa cada vez más a las empresas de la zona. Un caso testigo de esta orientación intervencionista es el conflicto desatado en torno a las expropiaciones y remociones forzadas de pantallas LED publicitarias en distintos puntos estratégicos de la capital. Justificados bajo convenientes pretextos de "reordenamiento urbano", estos avances sobre equipamiento e inversiones de privados constituyen una clara señal de amedrentamiento hacia la iniciativa comercial. Para diversos actores del sector, se trata de una maniobra de intromisión estatal orientada a monopolizar el espacio público y controlar los canales de comunicación visual en beneficio de la pauta oficial.
Mientras los recursos públicos se canalizan hacia el sostenimiento del empleo militante y grandes eventos de visibilidad mediática, los barrios de la capital experimentan las consecuencias del abandono estatal. Un ejemplo claro se vive en los sectores de Villa Ceferino y San Lorenzo, donde los vecinos denuncian a diario la falta de control en predios municipales como la cancha de Combate de San Lorenzo.
En dicho espacio, la ausencia de presencia policial, la falta de inspectores y la inacción de la Jefatura de Gabinete —a cargo de María Pasqualini— han derivado en un escenario recurrente de picadas de motos, venta y consumo desmedido de alcohol en la vía pública, ruidos molestos y peleas nocturnas. A pesar de los insistentes reclamos de las familias del sector para contar con iluminación, cerramientos y presencia de la Guardia Urbana, la respuesta oficial ha sido el silencio y la evasión de responsabilidades.
El contraste entre el despliegue mediático del municipio y la realidad que sufren los contribuyentes deja en evidencia la verdadera naturaleza del proyecto comunal. La combinación de gasto desenfrenado, empleo público desproporcionado, voracidad impositiva, hostigamiento a la actividad privada y repliegue del Estado en sus funciones básicas de control y seguridad demuestra que el esquema de gobierno local comparte la misma matriz ideológica del estatismo kirchnerista. Detrás de la fachada del vecinalismo, Neuquén capital enfrenta las consecuencias de un modelo que asfixia la iniciativa privada y descuida las necesidades reales de sus habitantes.